
Debatiendo en CESAG con el futuro del periodismo balear
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En Baleares el esfuerzo para comprar una vivienda es el más elevado del conjunto de España. Los precios son inasumibles para los jóvenes y las rentas medias. No poder acceder a una vivienda es ya un problema transversal: dificulta la emancipación de los jóvenes, retrasa los planes vitales, reduce la natalidad, retrae el consumo, entre muchas cosas.
Estas son algunas de las soluciones que proponemos desde Ciudadanos:
Ésta es una actuación ineludible. Sólo así lograremos cubrir las necesidades de la población y reducir la subida de su precio. Es necesario que los ayuntamientos liberen suelo para poder construir viviendas tanto de promoción privada como de protección oficial.
Es imprescindible una política de vivienda de largo recorrido. No hay otra salida a esta cuestión que un gran pacto entre Administraciones y entre éstas y la sociedad civil. Se requiere un gran acuerdo que recoja tanto el respeto al derecho de propiedad como la llamada “función social” de la vivienda.
Para abordar el desafío de la falta de viviendas para alquiler, proponemos medidas concretas.
En primer lugar, aumentaremos el parque de viviendas sociales en alquiler, priorizando el acceso de jóvenes y personas con necesidades especiales. Además, impulsaremos la construcción de vivienda social asequible mediante mecanismos de colaboración público-privada. Nuestra propuesta incluye promover la VPO para alquiler, financiada tanto públicamente como por promotores privados, evitando así largas listas de espera. Asimismo, flexibilizaremos la duración de los contratos de alquiler, eliminando una duración mínima y brindando desgravaciones fiscales para incentivar la oferta en el mercado. Estas medidas tienen como objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para todos.
Sólo dando verdaderas garantías y seguridad a los propietarios estos accederán a ofrecer sus viviendas en el mercado de alquiler.
Aumentaremos las garantías para los arrendatarios e incentivos fiscales para la desgravación del alquiler de larga duración. Tales contratos deben procurar una mejor rentabilidad al propietario.
Facilitaremos la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos de forma sencilla, rápida y gratuita. Fomentaremos el arbitraje como vía para descolapsar los juzgados y resolver de forma rápida cualquier controversia, incluido el desalojo por impago de la renta por parte del inquilino.
Impulsaremos una bonificación del 95% en IRPF de las rentas obtenidas por cesión de vivienda a las Administraciones Públicas para su incorporación a entidades del tercer sector en programas públicos de alquiler.
Implantaremos la bonificación del 80% en IRPF de las rentas obtenidas por el arrendamiento de vivienda si el inquilino es menor de 35 años.
Reduciremos el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP) al 2% para la adquisición de primera vivienda habitual.
Bonificación del ITP del 100 % en la compra de la primera vivienda si permaneces en ella durante 5 años.
Deducciones fiscales para los propietarios que pongan su inmueble en arrendamiento de larga duración.
Modificaremos las limitaciones de altura de los edificios de forma proporcionada. Esta limitación reduce la oferta ya que reduce la rentabilidad para los promotores. Igualmente estudiaremos y favoreceremos la equiparación de alturas entre edificios colindantes o de una misma manzana, así como igualar las profundidades edificables.
Autorizar la conversión de locales comerciales en viviendas siempre que cuenten como mínimo con dos fachadas (para no crear infraviviendas).
Elevar la densidad permitida en las casas. Se podrán transformar viviendas grandes en varias más pequeñas.
Suprimiremos la Mesa de Vivienda y el Observatorio de la Vivienda por su ineficacia. Recopilaremos datos e información del sector mediante entidades independientes para conocer con precisión las viviendas vacías y solares edificables que existen en las islas.
Eliminaremos el impuesto de trasmisiones patrimoniales para la adquisición de primera vivienda habitual en el caso de jóvenes menores de 35 años.
Implantaremos la bonificación del 80% en el IRPF de las rentas obtenidas por el arrendamiento de vivienda si el arrendador es menor de 35 años.
Impulsaremos el préstamo joven. Introduciremos un sistema público de préstamos con interés cero para la compra de vivienda para menores de 35 años que cubra hasta un 20% del valor del inmueble.
Aumentar el parque de viviendas sociales (VPO) reservando un 50% para jóvenes menores de 35 años.
Lucha contra la okupación. Manifestamos nuestro compromiso con el derecho a la propiedad privada. Urge una Ley y un Plan Autonómico contra la ocupación Ilegal de Viviendas que proteja a la propiedad privada y a las familias. Garantizaremos la seguridad y la convivencia en los barrios frente a la “okupación” ilegal. Potenciaremos la coordinación y la cooperación institucional con la FELIB y los Ayuntamientos. Recuperaremos las viviendas gestionadas por el IBAVI que se encuentran ocupadas. Son necesarios cambios normativos que favorezcan “desalojos exprés” de los espacios ocupados y para ello crearemos una oficina anti okupación, en la que se atienda y asesore legalmente a los afectados.
Acabar con el afán intervencionista del mercado. La política de vivienda no se puede elaborar a golpe de decretos sin escuchar al sector y a los ciudadanos. Además, “ordenación” no debe ser sinónimo de “prohibición”. Consideramos que imponer ciertas “prohibiciones” a los propietarios no es el camino más aconsejable. Las propuestas de vivienda deben basarse en el incentivo al propietario y no en la imposición, la prohibición o el castigo fiscal.
No limitar el precio del alquiler. Es una medida simplista y populista. Por la experiencia de otras ciudades que han adoptado esta política (Berlín, Barcelona) sabemos que es ineficaz; contendrá el precio a corto plazo, pero reducirá la oferta de viviendas a medio y largo plazo, produciendo el repunte de los precios y la llamada “gentrificación”. Además, esa reducción de oferta desplaza la población con menos renta a zonas del extrarradio, desplazando la presión sobre los precios de alquiler a esas áreas y privándoles de igualdad de oportunidades.
No prohibir la venta de inmuebles a los no-residentes. Ya sean del resto de España o de la UE, se trata de otra iniciativa populista y de mal gusto. Una idea demagógica fronteriza con la xenofobia. El derecho de la Unión Europea hace inviable una medida de este tipo.
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